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Derecho Tributario - 3ª edición actualizada y ampliada Editorial La Ley Frente a una nueva edición de la presente obra, mi condición de autor me impone presentarla a la consideración de los lectores. La misma contiene nuevos aportes que he creído conveniente agregar al texto original en la convicción que con ello se enriquece su contenido. Las novedades han quedado plasmadas en tres nuevos capítulos y en el agregado de nuevas consideraciones en determinados puntos del temario. Con el aporte de los autores que han dedicado su tiempo a la investigación y difusión de sus conocimientos se ha ido perfilando la teoría que le ha dado al Derecho Tributario el alcance con el que hoy se lo conoce y, con ello, se han sentado las bases sobre las cuales descansa esta disciplina jurídica en la actualidad. Los tributos, como expresión del poder tributario que ostenta el Estado, están sometidos al imperio de la ley y esto es, precisamente, lo que caracteriza al Estado de Derecho y le da la impronta de garantía jurídica y política al manejo de la Hacienda Pública en beneficio de los ciudadanos.
La teoría de la tributación viene a desarrollar esos principios constitucionales en todo aquello que se relaciona con los tributos a partir de la necesaria consecuencia que los mismos vienen a crear relaciones jurídicas en las que, por un lado se encuentra el Estado y, por el otro los particulares en su condición de contribuyentes o responsables del cumplimiento de las obligaciones y deberes fiscales. Relación ésta en la que no está presente la idea de poder sino la de derecho. Al respecto, observamos con preocupación los desbordes en que muchas veces incurren los Fiscos nacional, provinciales y municipales. Ello conduce en la actualidad a una tendencia a establecer una disociación entre los postulados de la ley fundamental y una realidad distinta alejada de sus sabios preceptos. Dicho de otro modo, es como si coexistieran dos constituciones diferentes: una, la escrita, la otra, la real forjada a base de factores de poder circunstanciales plasmados en el dictado de leyes que invierten la pirámide jurídica. La Constitución es la expresión escrita de principios arraigados en la voluntad del pueblo y esta voluntad constituye el elemento real de poder que debe regir en el país. Pero ese poder se vuelve inoperante e inocuo cuando sus representantes genuinos son los primeros en desconocer el mandato popular y a contrapelo del orden constitucional y de los principios liminares que consagra la misma Ley Fundamental, sancionan normas legales en su forma, pero ilegítimas en su sustancia y contenido. He aquí un fenómeno a tener en cuenta: mientras el poder político de la Administración de turno está generalmente organizado de tal manera que le resulta relativamente fácil sancionar leyes y dictar decretos o normas de inferior rango, y hacerlas cumplir a través de los organismos de aplicación creados a tal efecto, no se observa el desarrollo de instituciones u organismos dotados de un poder equivalente, necesariamente independientes de la Administración, con facultades para neutralizar este tipo de desbordes, a través del veto o suspensión de este tipo de excesos con alcance general. Frente a la tendencia señalada, el control constitucional de los actos de gobierno en el país, que se encuentra a cargo del Poder Judicial se ha demostrado muchas veces ineficaz para evitar dichos desbordes o conjurarlos antes de que sus efectos disvaliosos se iiradien sobre el universo de los contribuyentes. La obra que aquí se presenta procura dotar al lector con el conocimiento que le posibilita juzgar la legitimidad de las normas que se dicten y las conductas de la Administración Tributaria y de los particulares, a la luz de los principios que guían a la disciplina. Si, como creemos, la idea de justicia implica la referencia a un orden previo que estructura la coexistencia de cada uno con los demás, la aprehensión y propagación de tales principios puede convertirse en un instrumento vital para hacer realidad la premisa que manda que el sometimiento al derecho es el punto de partida de una armoniosa convivencia social. Un derecho sustentado en principios superiores que tenga en cuenta tanto el interés social cuanto el individual. Así, las normas justas deben ser respetadas por todos. |
